Cuaderno de Coyuntura 26: El litio y la crisis política en Bolivia
2019
En el curso de casi 14 años, la realidad moldeó tanto al Movimiento al Socialismo (MAS), que lo convirtió en el mejor representante de los intereses de la burguesía imperialista, de la cual rabiosamente renegaba en el discurso.
Ese es uno de los sustentos que expone el investigador del CEDLA, Pablo Poveda, en este nuevo aporte sobre la fracasada política sobre el litio y otros recursos evaporíticos, que improvisó el depuesto régimen y que concluyó con su caudillo cobijado en el exilio.
En sus propias palabras de campaña, el ex presidente Evo Morales se ufanaba que algunos empresarios le decían en Santa Cruz: “Nosotros ganamos mejor que con otros gobiernos gracias a esta revolución democrática y cultural”.
Pero aquella práctica procapitalista no fue exclusiva del gobierno del MAS. Es común en todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica y se difunde a través de sus propios medios, como la cadena Telesur, que despliega sus versiones con base en los 11 principios de la propaganda nazi creada por Goebbels, entre ellos, crear un enemigo único, señalar que todos los adversarios están de lado del enemigo único, negar las noticias contrarias e inventarse otras para distraer, convertir una anécdota en amenaza grave.
La población potosina, a la cabeza del Comité Cívico, exigió desde 2009, al ahora exmandatario, medidas para mejorar sus condiciones de vida. Diez años después, el paro indefinido iniciado el 7 de octubre concentró la protesta en la forma cómo se estaba implementando la estrategia de industrialización del litio 100% estatal.
Potosí pidió entonces la anulación del Decreto Supremo 3786, de creación de la empresa mixta YLB-ACISA, y que entregaba los recursos evaporíticos a la empresa alemana por 70 años, debido a las bajas regalías para el departamento (3% del valor bruto de producción) y por delegar a la empresa alemana la potestad de producir y comercializar la materia prima, con un decreto que daba un giro a la estrategia de industrialización a cargo del Estado boliviano.
Cuando el gobierno decidió abrogar el decreto con la esperanza de que ello acabaría con la revuelta social que desató el fraude, el descontento ya era generalizado, indignada la población ante la estafa electoral para acumular 19 años en la Presidencia.
Las mismas bases sociales del MAS apoyaron de manera silenciosa la protesta social, cansadas del abuso ejercido por las dirigencias corruptas, que se aprovechaban de ellas en beneficio del grupo de poder. Por todos esos factores, no hay un argumento coherente que respalde los mensajes propagandísticos en torno a que ‘detrás del golpe estaba el interés imperialista de Estados Unidos’.
Todo apunta, más bien, a que se trata de una puesta en escena para ocultar el fracaso de la política de industrialización de los recursos evaporíticos a cargo del Estado, nos recalca Poveda en este Por eso se recurrió a la búsqueda de socios extranjeros que puedan desarrollar la tecnología que la estatal YLB y su antecesora, la exGerencia de Recursos Evaporíticos, no pudieron lograr satisfactoriamente.
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